Otra señal alarmante, quizá la más inquietante, es la manipulación
invisible del comportamiento, las actitudes y las decisiones de millones
de personas. Un caso paradigmático que ilustra este fenómeno es el de
Cambridge Analytica.
Este escándalo reveló cómo es posible influir en la vida de individuos y
naciones enteras a través de redes de propaganda: influyendo en
campañas políticas, gestionando técnicas de ingeniería social e incluso
desplegándola como guerra informática.
Cambridge Analytica era una filial estadounidense de la británica
Strategic Communications Laboratories —especializada en operaciones
psicológicas— y fue fundada en 2013 con una inversión de 15 millones de
dólares del multimillonario Robert Mercer, gestor de fondos de
cobertura y destacado donante del Partido Republicano. Su junta
directiva incluía a su hija, Rebekah Mercer, y a Steve Bannon, quien más
tarde se convertiría en el principal estratega de la campaña presidencial
de Donald Trump en 2016 y en su asesor senior tras la victoria. Bannon,
un ideólogo declarado, había expresado su intención de transformar el
Estado en la base del llamado “Movement”, un proyecto para un
resurgimiento global de la derecha populista. Este plan estaba
directamente vinculado a las “hechos alternativos”, un término que ganó
notoriedad durante la campaña de Trump y que encapsulaba el núcleo
de la “posverdad”: la distorsión deliberada de la realidad para manipular
creencias y emociones, moldeando así la opinión pública y las actitudes
sociales. ¿Coincidencia? Difícilmente.
Todo esto se sustentaba en la economía de los big data, el pilar de
internet moderno. Cambridge Analytica utilizaba el análisis de datos para
diseñar campañas —tanto para marcas como para políticos— orientadas a
“cambiar el comportamiento de la audiencia”. Segmentaban a la
población y enviaban mensajes personalizados sobre temas que les
importaban, utilizando un lenguaje específico y acompañándolo con
imágenes cuidadosamente seleccionadas para captar su atención y
comprometerlos emocionalmente.
Según investigaciones del Parlamento británico, exempleados de la
empresa revelaron que Cambridge Analytica intervino en:
• 44 campañas políticas en Estados Unidos en 2014
• La campaña de PRO (Propuesta Republicana), el partido de
Mauricio Macri, en las elecciones presidenciales de Argentina de
2015
• La campaña presidencial de Donald Trump en 2016
• La campaña del Brexit para la salida del Reino Unido de la Unión
Europea.
La empresa llegó a presumir que poseía 5.000 datos específicos sobre
cada votante estadounidense. Afirmaban que, mediante análisis
“psicográfico” —clasificando a la población según variables psicológicas
como estilo de vida, intereses y opiniones—, podían determinar la
personalidad de cada individuo y enviarle mensajes diseñados para
influir en su comportamiento. Estos datos se obtuvieron de 87 millones
de usuarios de Facebook a través de una aplicación llamada
Thisisyourdigitallife, que ofrecía tests de personalidad. En 2014, 87
millones era una cifra considerable; hoy, con el crecimiento exponencial
de plataformas como Facebook, X, Instagram y TikTok, esa cifra sería al
menos sesenta veces mayor. Solo las cinco principales redes sociales
tienen más de 5 mil millones de usuarios activos mensuales.
Christopher Wylie, exempleado convertido en denunciante, lo resumió
sin rodeos: “Si comienzas a distorsionar las percepciones de los votantes
sin su consentimiento o conocimiento, violas su autonomía para tomar
decisiones libres, porque están votando basados en cosas que creen que
son reales, pero que no necesariamente lo son”.
Aunque Cambridge Analytica “oficialmente” cerró en 2018 tras el
escándalo, sus prácticas persisten en otras empresas similares.
Las señales también son evidentes en casos como los Papeles de
Panamá, que revelaron cómo se gestiona la riqueza ilícita y se ocultan
fondos obtenidos ilegalmente por políticos, militares corruptos,
narcotraficantes y figuras aparentemente respetables que evaden
impuestos. Esta filtración de 11,5 millones de documentos, publicada
por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con
la ayuda de 370 periodistas de 76 países, no fue casual. Probablemente
fue impulsada por rivales que buscaban debilitar a sus oponentes, pero
tuvo un impacto mayor: socavó la creencia de que el apego a la justicia y
los marcos legales era un estándar fiable. Este evento expuso la
falibilidad de los fundamentos en los que descansaba esa creencia. Dejó
al descubierto las grietas en la base ética del sistema democrático,
demostrando que su integridad era más frágil de lo que se había
supuesto.
Otra señal crítica que erosiona la moral y la confianza en las instituciones
y la democracia es la corrupción.
Esta se manifiesta en múltiples formas: un funcionario público que
adjudica contratos de interés nacional a cambio de beneficios
personales; sobornos a agentes de seguridad o aduanas para facilitar
actividades ilegales (narcotráfico o contrabando); líderes políticos que
desvían recursos públicos o venden información privilegiada para
enriquecerse o beneficiar a su familia o allegados; jueces que tuercen la
justicia a favor de quienes pagan; o quienes influyen por dinero,
blanqueando la imagen de regímenes opresivos.
Cuando estas actividades salen a la luz y se percibe que ciertas personas
están por encima de la ley, el escándalo inicial da paso a la
normalización. La corrupción se infiltra en todos los niveles, desde pagar
a un burócrata para agilizar un trámite hasta grandes esquemas que
desangran naciones enteras. Este fenómeno destruye la fe en el Estado
de derecho, las instituciones y las autoridades, corroyendo la estructura
social. Lo corroe todo.
Ejemplos notables de corrupción incluyen el caso de Odebrecht, la
mayor constructora latinoamericana que tejió una red de sobornos por
casi 350 millones de dólares en Brasil, 100 millones en Venezuela y
sumas menores en países como República Dominicana, Panamá,
Argentina, Ecuador, Perú, Guatemala, Colombia y México. Estos
esquemas involucraron a presidentes y funcionarios, exponiendo el mal
uso de recursos, clientelismo y tráfico de influencias.
Este caso también reveló que la corrupción es una de las principales
causas de la crisis económica, política y social permanente que se
extiende de México a Argentina y tiene un impacto decisivo en la
población, generando pobreza, servicios de salud inadecuados,
insuficiencia de electricidad y agua, sistemas educativos deficientes y, en
general, limitando el desarrollo. Además, perpetúa la inestabilidad
permanente de la configuración política regional, ya que ocupar cargos
políticos es una actividad muy lucrativa. Esta es, esencialmente, la fuerza
motriz detrás de los esfuerzos de tantas personas por acceder al poder,
gobernar y permanecer en él el mayor tiempo posible. No podría ser de
otra manera, ya que asegura a los políticos la acumulación de una
importante riqueza personal. En consecuencia, dedicarse a la política
parece un negocio deshonesto.
El caso Qatargate de 2022, por su parte, sacudió Europa. La policía belga
arrestó a Eva Kaili, vicepresidenta del Parlamento Europeo, y a otros por
aceptar sobornos de Qatar para influir en decisiones políticas y mejorar
la imagen de ciertos países. Los documentos filtrados revelaron intentos
de manipular los procesos democráticos de la Unión Europea, incluidos
esfuerzos para silenciar a los críticos. Marruecos también fue señalado
por sobornar a eurodiputados. En años anteriores, casi una cuarta parte
de los 704 eurodiputados estuvieron implicados en blanqueo de dinero
o actividades criminales, evidencia de “seria interferencia extranjera” en
la democracia europea.
Existen casos menores —pero no menos relevantes— que ilustran cómo
figuras democráticas prominentes se alinean con regímenes autoritarios
y aceptan sobornos por ganancia personal. José Luis Rodríguez
Zapatero, expresidente español y líder del Partido Socialista Obrero
Español (PSOE), era ampliamente considerado una figura representativa
de la democracia. Sin embargo, se ha dedicado y se dedica actualmente
a actividades de “asesoría” y lobbying para la dictadura venezolana,
intentando mediar, blanquear su imagen e influir en naciones europeas
para que apoyen al régimen autoritario venezolano.
Gerhard Schröder, excanciller alemán, fue nombrado en 2017 presidente
de los consejos de administración de Rosneft y Gazprom, empresas
estatales rusas de petróleo y gas, por una jugosa suma de euros para
defender los intereses de Rusia en Europa. En 2022, Schröder renunció a
sus funciones en ambas empresas debido a la creciente presión del
Parlamento alemán (Bundestag), que revocó ciertos privilegios asociados
a su antiguo cargo. Además, el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD)
había considerado expulsarlo de su militancia, aunque finalmente no se
tomó tal medida.
Como observación adicional, aunque marginal, es pertinente señalar que
la corrupción dentro de la Iglesia Católica Romana fue un factor clave en
la rebelión de Martín Lutero y el posterior establecimiento del
Protestantismo. La posición de Lutero se caracterizó por su carácter
crítico y disidente, reflejando un profundo descontento con la corrupción
que se había apoderado del Vaticano.
Otra señal: un evento muy significativo que provocó un amplio
descontento que afectó a millones de personas fue la crisis financiera de
2008, que estalló en 2007 bajo Bush y fue heredada por Obama. Este
tema era tan complejo que tuve que pedirle a un amigo, Frank, muy
conocedor de asuntos financieros, que me lo explicara. Me expuso los
factores clave y sus implicaciones, pero añadió que podía resumirlo en
una sola palabra: desregulación. Es decir, la eliminación de
restricciones.
El desastre comenzó con la creación de los CDS (credit default swaps)
por J.P. Morgan en 1994, un “seguro” contra impagos que se convirtió en
un riesgo sistémico. En 1999, Fannie Mae relajó los requisitos de
préstamos, fomentando el crédito a personas con puntuaciones
crediticias más bajas. En 2000, la Reserva Federal bajó las tasas de interés
once veces, creando un entorno de crédito fácil pero insostenible. La
Comisión de Valores y Bolsa (SEC) permitió ese mismo año que los
grandes bancos se apalancaran sin límite, llevando a gigantes como Bear
Stearns, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Goldman Sachs y Morgan
Stanley a ratios de 30 a 1.
Todo esto provocó un rápido aumento de los precios de la vivienda y el
posterior incremento de las tasas de interés. Al subir las tasas, los pagos
de las hipotecas se volvieron inasequibles para muchas personas. La
burbuja inmobiliaria estalló en 2006, provocando una fuerte caída en las
ventas y precios de las viviendas. Esto llevó al colapso de la industria
hipotecaria subprime estadounidense y a una serie de eventos,
incluyendo la quiebra de más de veinticinco empresas de préstamos
subprime.
La quiebra de estas empresas y el posterior rechazo de sus activos por
parte de los inversores provocaron una rápida caída en el valor de los
llamados activos tóxicos (CDS). Esto desencadenó una crisis de liquidez
que culminó en el colapso de todo el sistema financiero y una recesión
global. Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Canadá y Japón
estuvieron entre los países más afectados.
El rescate del gobierno estadounidense salvó a 44 instituciones
bancarias y financieras, compró activos tóxicos, detuvo ejecuciones
hipotecarias, reguló el sistema bancario y fortaleció la economía. Pero el
daño ya estaba hecho. Seis millones de familias sufrieron ejecuciones
hipotecarias, el desempleo aumentó, muchas personas se declararon en
quiebra y quedaron sin hogar, hubo suicidios y numerosos pequeños
negocios quebraron. Millones de personas perdieron la fe en las
instituciones y en el sistema, sintiendo que los responsables no fueron
castigados. Esto afectó quizá el aspecto más emblemático de la
democracia: limitar el ejercicio arbitrario del poder y someterlo a leyes
bien definidas. Mostró una vez más que el dinero y el poder están por
encima de la ley y que existen dos categorías de personas: las de arriba,
un pequeño grupo privilegiado que hace lo que quiere, y las de abajo, el
resto de la población, que paga las consecuencias.
Un estudio de científicos políticos de las universidades de Princeton y
Northwestern concluyó que, tras la crisis de 2008, la oligarquía financiera
estadounidense fortaleció su dominio sobre la economía y las decisiones
políticas, relegando al ciudadano promedio. El estudio también señaló
que el sistema político no prioriza al ciudadano común y que, aunque
mantiene características democráticas como elecciones y libertad de
expresión, las decisiones políticas están desproporcionadamente
influenciadas por las élites económicas.
Estos son algunos ejemplos que sacuden y estremecen el núcleo del
ciudadano común, aquel que día tras día se levanta para trabajar duro,
luchando por satisfacer incluso sus necesidades más básicas. Estos
eventos, cargados de crudeza e injusticia, lo sumergen en una
desolación abrumadora y lo llenan de desencanto, erosionando su fe en
las instituciones que dicen representarlo. Así, ese mismo individuo,
abrumado por la sensación de traición y engaño, termina siendo terreno
fértil para la semilla de la desconfianza, un caldo de cultivo ideal para
líderes oportunistas. Estos autoproclamados salvadores emergen con
promesas de transformación radical, ofreciendo un cambio de sistema
que, bajo la apariencia de redención, termina asfixiando la democracia
para dar paso a un nuevo orden, tan incierto como ominoso.
Es innegable que los adversarios de la democracia están explotando con
astucia cada fisura, cada debilidad inherente del sistema, y persistirán en
sus esfuerzos por manipular a las masas con el propósito último de
establecer un modelo alternativo de gobierno que les permita ejercer el
poder a su absoluta conveniencia, lo que algunos llaman el Nuevo Orden
Mundial. Este proyecto, muy probablemente, disfrutará inicialmente de la
aquiescencia pasiva e incluso de la aprobación de un pueblo que, sin
darse cuenta, está siendo sutilmente condicionado para abrazar este giro
político. En este escenario, la democracia, hoy blanco de controversia,
dura crítica y ataques implacables, podría enfrentar su extinción
definitiva, eclipsada por una ciudadanía que, sin plena conciencia,
pavimenta el camino hacia su propio destino. Esto no es inevitable;
depende de la voluntad colectiva de resistir o sucumbir.
©Noris Roberts
